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La sociedad y la ética como argumento político.


La mayoría de las personas que están preocupadas por la corrupción, o que dicen estarlo, si les preguntáramos por la falta de ética, de moralidad o de honradez en la política se sentirían incómodos pues parecen términos pasados de moda. Más embarazosos se sentirían todavía si afirmásemos que es algo común en la sociedad, demasiado extendido, como para reducirlo solamente a los cargos públicos y a los funcionarios. Y, sin embargo, es realmente así: hay muchas personas honradas, pero también hay demasiada inmoralidad, o amoralidad, en la actuación de otras en sus respectivas profesiones o en su vida social. Aunque algunos lo puedan creer de forma ingenua, los servidores de lo público no nacen en una sociedad aparte de la nuestra, sino que son producto de ella misma. No entraré en una casuística, pero seguro que a todos nos vendrían ejemplos a la mente de la sociedad civil si pensáramos sólo unos minutos.

o todos tenemos algo de responsabilidad...

o todos tenemos algo de responsabilidad…

Con esa cómoda postura de mirar la paja ajena, no es difícil comprender que nos convertimos en terreno abonado para los demagogos. Las posturas regeneradoras o reformistas, que pretenden solucionar el problema, se podrían clasificar en tres grupos. El primero, el más minoritario, es el de quienes están convencidos de que la única forma es comportarnos nosotros mismos con honradez y luego exigir lo propio a quienes nos representan o gobiernan. Es decir, cambiar a la sociedad con el buen hacer y con el ejemplo. El segundo grupo parte de la premisa, o así nos lo cuentan, de que la corrupción está vinculada a determinadas ideologías a o sistemas políticos determinados, y su proyecto es perseguir a esas ideologías y cambiar el sistema presuntamente corruptor o corruptible. El tercer grupo, el pragmático, es el que propone modificar o crear leyes y mecanismos para impedir o, en su caso, perseguir la corrupción política con mayor eficacia.

Yo creo en la solución del primer grupo, pero reconozco que su viabilidad es a largo plazo, por esa razón no estaría de más utilizar también lo que propone el tercero. De hecho, si sólo cambiásemos las leyes el problema nunca se reduciría porque siempre, quienes no creen en ninguna ética, acabarían por encontrar la forma de corromper la eficacia legal. Por otra parte, vincular la corrupción a una ideología o a un sistema político es el argumento preferido de los demagogos. Les evita tener que pensar en soluciones prácticas, que podrían volverse contra ellos, y crea un enemigo virtual en el que centrar la ira o el descontento de quienes están dispuestos a seguirles. Tiene el inconveniente de que cuando es uno de los suyos el corrupto queda en entredicho toda su argumentación, como acabamos de comprobar en España.

Pepe de Brantuas. Noviembre de 2016, en España.

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¿Hacia un nuevo despotismo?


El Renacimiento, esa época europea tan elogiada, que disecó el arte clásico en un anodino blanco y negro, que aún sufrimos, y que volvió al Derecho Romano, a la preeminencia jurídica del hombre sobre la mujer, también provocó el auge del absolutismo monárquico en contra del anterior equilibrio de poderes. No negaré sus virtudes, pero muchas de ellas venían de la influencia medieval persistente y no de la grecorromana. La Inquisición, que había nacido para evitar que el poder civil pudiera enjuiciar asuntos religiosos, y evitar así que persiguiese con excusa de herejía a quienes los fueros y las leyes de la época no lo permitían, inició el camino que le llevaría a convertirse en un poder temible y temido, sobre todo si uno era rico y poderoso, pero había caído en desgracia ante el rey absoluto de turno o ante el pueblo enfurecido y convenientemente agitado, como en el caso de los judíos conversos.

¿O hacia dónde?

¿O hacia dónde?

La separación de poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, que trajo la modernidad democrática, trataba de combatir precisamente aquello que el espíritu renacentista introdujo con su influencia retrógrada: el poder absoluto. Poder, que ante una creciente división del cristianismo y su debilitación, se hizo más incontrolable que el de los antiguos emperadores romanos. La autoridad de la Iglesia había sido un freno necesario e imprescindible durante la Edad Media a todo tipo excesos de los monarcas y de sus servidores, pero había perdido poco a poco su influencia durante el absolutismo y ahora ya no servía en la modernidad con la separación radical entre religión y política. Era necesaria la sumisión a la Ley de todos los poderes y la mayor posible independencia entre cada uno de ellos, para luchar contra la injusticia y el peligro de una vuelta a la concentración de antaño.

A partir de ahí, si alguna vez se creaba una nueva inquisición ésta sería laica y acabaría por ser servil una vez más del poder político absoluto si el mecanismo de separación de poderes se pervertía. El siglo XX nos mostró el auge del marxismo y sus derivados y de aquellos que trataron de combatirlo con una imagen especular y también absoluta: el fascismo y el nazismo. Tanto unos como otros atacaron la división de poderes con maligna eficacia y convirtieron en un infierno a los países que dominaron. Pero el marxismo, además, intentó ocupar en el mundo laicista el hueco del que se había expulsado al cristianismo como referente moral de la humanidad. Los oponentes políticos ya no eran meros contrincantes por el poder, sino enemigos inmorales a los que combatir, a los que eliminar y exterminar si fuera posible: todo lo anterior, feudal, burgués o capitalista, debería ser aniquilado. Incluso en las versiones más benignas del socialismo y de la socialdemocracia persiste hoy esa presunta superioridad moral que trata de hacer que veamos cualquier otra postura política opuesta como inmoral o reprobable.

Por eso, en las democracias actuales sobrevive la mentalidad moralista del marxismo, en mayor o menor medida, incluso en partidos que dicen haber renunciado a él desde hace lustros. Si a eso unimos el progresivo aumento de la burocracia, del presupuesto económico de nuestras naciones y de una economía basada en el apoyo a oligopolios y multinacionales en detrimento de pequeñas y medianas empresas, así como al abandono de cualquier límite moral que pudiera tener origen en la religión cristiana, no nos deberían extrañar los excesos actuales. Excesos que han dado coartada para crear una administración fiscal, temida y temible, que cada vez recuerda más a la antigua inquisición por sus privilegios de procedimiento, por el aplauso popular a sus actuaciones cuando se dirigen a personas de alto nivel social, y por ser sospechosa en ocasiones de servir a intereses partidistas. Si a eso unimos la creciente corrupción política que hace dudar de la independencia real del aparato judicial y policial, por sus disparejas actuaciones, el espectáculo parece conducirnos a un nuevo absolutismo que, aunque parezca que sólo afecta a los más ricos, nos atañe a todos los ciudadanos directa o indirectamente. Y eso sin mencionar el nuevo terrorismo islamista que ha provocado un mayor control sobre la vida de todos y, en consecuencia, una menor libertad.

No soy capaz de ver a donde nos conduce todo esto, pero o volvemos a buscar el bien común, una verdadera honestidad pública, dejando de lado la falsa moralidad de clase, y una verdadera separación de poderes o acabaremos en algún nuevo despotismo.

Y por supuesto, debemos empezar por cambiar nosotros mismos, los ciudadanos de a pie.

Pepe de Brantuas. Abril de 2016, en España.

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