La sociedad y la ética como argumento político.


La mayoría de las personas que están preocupadas por la corrupción, o que dicen estarlo, si les preguntáramos por la falta de ética, de moralidad o de honradez en la política se sentirían incómodos pues parecen términos pasados de moda. Más embarazosos se sentirían todavía si afirmásemos que es algo común en la sociedad, demasiado extendido, como para reducirlo solamente a los cargos públicos y a los funcionarios. Y, sin embargo, es realmente así: hay muchas personas honradas, pero también hay demasiada inmoralidad, o amoralidad, en la actuación de otras en sus respectivas profesiones o en su vida social. Aunque algunos lo puedan creer de forma ingenua, los servidores de lo público no nacen en una sociedad aparte de la nuestra, sino que son producto de ella misma. No entraré en una casuística, pero seguro que a todos nos vendrían ejemplos a la mente de la sociedad civil si pensáramos sólo unos minutos.

o todos tenemos algo de responsabilidad...

o todos tenemos algo de responsabilidad…

Con esa cómoda postura de mirar la paja ajena, no es difícil comprender que nos convertimos en terreno abonado para los demagogos. Las posturas regeneradoras o reformistas, que pretenden solucionar el problema, se podrían clasificar en tres grupos. El primero, el más minoritario, es el de quienes están convencidos de que la única forma es comportarnos nosotros mismos con honradez y luego exigir lo propio a quienes nos representan o gobiernan. Es decir, cambiar a la sociedad con el buen hacer y con el ejemplo. El segundo grupo parte de la premisa, o así nos lo cuentan, de que la corrupción está vinculada a determinadas ideologías a o sistemas políticos determinados, y su proyecto es perseguir a esas ideologías y cambiar el sistema presuntamente corruptor o corruptible. El tercer grupo, el pragmático, es el que propone modificar o crear leyes y mecanismos para impedir o, en su caso, perseguir la corrupción política con mayor eficacia.

Yo creo en la solución del primer grupo, pero reconozco que su viabilidad es a largo plazo, por esa razón no estaría de más utilizar también lo que propone el tercero. De hecho, si sólo cambiásemos las leyes el problema nunca se reduciría porque siempre, quienes no creen en ninguna ética, acabarían por encontrar la forma de corromper la eficacia legal. Por otra parte, vincular la corrupción a una ideología o a un sistema político es el argumento preferido de los demagogos. Les evita tener que pensar en soluciones prácticas, que podrían volverse contra ellos, y crea un enemigo virtual en el que centrar la ira o el descontento de quienes están dispuestos a seguirles. Tiene el inconveniente de que cuando es uno de los suyos el corrupto queda en entredicho toda su argumentación, como acabamos de comprobar en España.

Pepe de Brantuas. Noviembre de 2016, en España.

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