Cuando lo excepcional se hace común y lo incompatible, factible.


Del conde de Romanones dicen que dijo aquello de hagan ustedes la Ley que yo haré el reglamento, porque en su época cualquier texto legal salido del parlamento podía ser torcido por el Ejecutivo con su reglamento de aplicación. En su época y en menor medida en las que la siguieron, pero también. Para corregir ese abuso están los tribunales, pero en demasiados casos es demasiado lento u oneroso para quien lo intenta o, acaso, le favorece y calla. Viene esto a cuento de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, aprobada en tiempos de Felipe González, pero todavía vigente.

o juzgarse a sí mismo...

o juzgarse a sí mismo…

Años hay que una de esas personas trabajadoras y eficaces que están en las administraciones públicas, aunque algunos no lo crean, hoy jubilada después de más de 40 años de servicio, nada amiga de huelgas y escaqueos, siempre dispuesta para el trabajo, trataba de conseguir que se le pagara un complemento de responsabilidad al cual tenía derecho por el convenio vigente, debido a los muchos kilómetros que hacía en coche cada semana. La excusa que le daban para no pagárselo es que se necesitaba la aprobación del Consello de la Xunta. Y claro, el asunto tardó años en figurar en el orden del día y, cuando al fin sucedió, le quedaba poco tiempo para la jubilación. No llegaba a los 100 euros, pero suponía un incremento al que tenía derecho y no era despreciable, dado el monto total de sus retribuciones. Ni que decir tiene que ese complemento era excepcional, tanto que debía de ser el único en la administración gallega que tenía derecho a él.

Pues hablando de excepcionalidades, el citado consello acaba de aprobar una resolución que convierte una excepción legal en algo casi común, pues abarca a todos los que puedan estar en esa situación, sin esperar a solicitud individual alguna. Además es una mera prorroga por 4 años de otra anterior y no es única, pues es mimética de la que el Gobierno del Estado viene aprobando sucesivamente. No niego que puede ser de interés para las universidades gallegas que personas de alto nivel de la administración den clases sobre las materias que forman parte de su trabajo público ordinario. Ni tampoco que el monto que establece la ley de Incompatibilidades para las retribuciones que hace de límite para este tipo de compatibilidad pueda ser excepcionalmente rebasado, pero dudo que esto se pueda hacer de forma genérica y no en casos puntuales, pues sería darle rango legal superior a una resolución de la Xunta de Galicia sobre una ley aprobada por las Cortes Generales.

Hace muy sospechosa a la citada resolución la pobre justificación que se le da a la misma desde el punto de vista de la lógica: Las universidades emplean la figura de profesor asociado como un apoyo necesario en diversos ámbitos profesionales para dar al alumnado una visión práctica de sus estudios, gracias a la elevada experiencia de empleados públicos de alto nivel, siendo de especial interés para el servicio docente universitario cubrir esas necesidades con profesores aso­ciados, esto es, con profesionales de reconocida competencia y gran experiencia, ajenos a la respectiva universidad, de conformidad con la naturaleza y finalidad de la figura de profesor asociado. Se puede leer el párrafo todas las veces que se quiera y nos quedaremos con la impresión de un argumento circular, siempre falaz. La razón está en que la excepcionalidad hay que individualizarla y si no se hace, no hay justificación posible.

Voy a poner un ejemplo de una persona de una jefatura de servicio que ejerció como profesorado asociado, aunque desconozco si su nivel de ingresos sobrepasaba el límite y se hacía merecedor de la excepcionalidad. En todo caso, su labor en la Hacienda de Galicia es meramente económico-fiscal, lejos de una especificidad relacionada con el mundo empresarial, y sus asignaturas están alejadas de esa labor, si vemos el programa: Empresa, mercado y cadena alimentaria, amén de Organización y gestión de empresas. Eso invalidaría que pudiese dar al alumnado una visión práctica de sus estudios, gracias a la elevada experiencia de empleados públicos de alto nivel, ya que su desempeño circula por el campo de la fiscalidad y estaría, por lo tanto, lejos del interés público alegado. Sería como si un Odontólogo del Servicio Galego de Saude diese clases de Obstetricia, por poner un ejemplo…

Generalizar las excepciones tiene ese riesgo, que se conviertan en un coladero para todo tipo de compatibilidades que están muy lejos del espíritu y de la letra de la Ley. Claro está que si los beneficiados de semejante disparate lógico y legal son los mismos que quienes lo deben enmendar, jurídica o administrativamente, el problema nunca se solucionará. Desde dar clases matutinas cuando su horario laboral de atención al público también es por las mañanas, hasta ejercer la enseñanza de materias que son divergentes con su desempeño como funcionarios o rebasar en muchos casos el límite salarial que establece la propia ley en base a un supuesto interés de servicio, injustificado en la resolución, por injustificable. Léanse los artículos 4 a 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y entenderán lo que digo.

Por supuesto, esta diligencia en aprobar la resolución, que prorroga esa genérica excepcionalidad, por parte del Consello de la Xunta, se debe a que los implicados y presuntos beneficiarios de la misma son personas con nivel retributivo elevado, no como mi amigo jubilado que necesitó años para que ese mismo órgano administrativo le reconociera un derecho económico de mucha menor cuantía.

Y después se extrañan que algunos les llamen casta

Pepe de Brantuas. Agosto de 2015, en España.

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