Libertad religiosa, libertad de expresión y políticas laicistas.


La llamada separación Iglesia y Estado que realmente es, hoy en día, separación entre Religión y Administración Pública, no crea ni motiva necesariamente la necesidad de que ésta última sea antirreligiosa. La reivindicación puritana de ese republicanismo rancio, que pretende que la religión quede reducida al ámbito privado, está lejos de ser un derecho y casi siempre ha sido uno de los argumentos totalitarios para perseguir los derechos de los ciudadanos.

... libertad de culto, de enseñanza, de conciencia...

… libertad de culto, de enseñanza, de conciencia…

Ni que decir tiene que el ordenamiento jurídico (si se le puede llamar así) de totalitarismos como el soviético han usado ese ideal laicista para perseguir la libertad religiosa. Pero hoy asistimos en Occidente a una amnesia interesada sobre los derechos de los ciudadanos, que trata de impedir la libre expresión de las creencias religiosas, desde el culto público a la enseñanza, pasando por todo tipo de persecuciones individuales a creyentes. Los lobbies homosexuales y gobiernos afines, que denuncian a colegios, obispos o jueces, o despiden a profesores; los representantes políticos de una nación pionera en la libertad religiosa que quieren sacar la estatua de un fraile del Capitolio; una veterana política, de ese mismo país, que quiere reformar las religiones por decreto, para adaptarlas a su ideología e intereses; una organización, supuesta defensora de los Derechos Humanos, que presiona a un país para que adopte el aborto como si fuese un derecho; un colegio que expulsa a una alumna por llevar la falda demasiado larga; o un país que encarcela a una mujer por orar por y defender la vida de los más indefensos…

No es solo la libertad religiosa la que está siendo perseguida, sino las de expresión, de cátedra, de enseñanza y de conciencia. Pues todas ellas están relacionadas. La libertad religiosa y de culto precede en las declaraciones de derechos a la libertad de expresión, porque esta no existe sin la anterior. La DUDH, de 1948, las reconoce sucesivamente en los artículos 18 y 19; la Convención Europea de Salvaguarda de los DHyLF, de 1950, en el 9 y 10; y la Constitución Española, de 1978, en el 16 y 20, respectivamente. Y eso es lo que pretenden que olvidemos todos estos que tratan de presentar falsamente a la religión, a su expresión pública, a su culto, a su enseñanza y a la libertad de conciencia de los creyentes, como contrarias a la Democracia.

El abanico político de los contrarios a esos derechos abarca desde la extrema izquierda hasta el centro derecha, y si no somos capaces de que se respeten más allá de las Declaraciones y Convenciones firmadas y aceptadas por nuestros países y plasmadas en nuestras Constituciones, estaremos poniendo en peligro todas nuestras libertades y nuestros derechos, que quedarán al albur del capricho y de la arbitrariedad de los gobernantes de turno, de las organizaciones sectarias y de minorías antidemocráticas multicolores.

Pepe de Brantuas. Mayo de 2015, en España.

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