¿Es el New York Times partidario de Guantánamo?

 (Is the New York Times in favor of Guantanamo?)

¿Quien juzga a los jueces?

La campaña de este prestigioso medio de comunicación contra el Tribunal Supremo español, por el proceso abierto contra Baltasar Garzón y la posterior sentencia condenatoria, nos lleva a preguntarnos si en los casos de vulneración del derecho de defensa en la base de Guantánamo este periódico ha defendido al gobierno de Estados Unidos. Si ha sido así, comprenderemos que defienda también la actuación del juez español procesado.

Pero la impresión es que el NYT apoya que los presos del campo de concentración americano en Cuba puedan defenderse ante un tribunal, con todas las garantías. Y una de esas garantías es que sus abogados puedan comunicarse con ellos sin ser espiados por jueces y fiscales. ¿Por qué entonces niega ese derecho a los ciudadanos españoles, sean políticos o no lo sean?

No se si la ignorancia es la madre de todos los males, pero en el caso del medio citado, y de otros que por el mundo hay, hace un gran daño a la verdad y a la justicia. La sentencia es accesible en la Red y es de suponer que los periódicos extranjeros tienen quien entienda español. Si así fuese en el caso del NYT, podría comprobar como el juez acusado espió deliberadamente a los abogados defensores sin tener razón jurídica para ello.

La página 54 de la sentencia, muestra como la conducta del acusado, caracterizada por la absoluta inexistencia de indicios contra los letrados, tal como ha sido declarado y probado, nunca podría haberse amparado en estas normas. Normas que permiten las escuchas cuando el abogado está implicado en la trama investigada.

El defensor de Baltasar Garzón alegó que esas escuchas se habían producido en otros procesos, y el Tribunal Supremo consideró, en la página 57, que ha de señalarse que en la jurisprudencia de esta Sala no aparece un caso similar en el que, sin indicio alguno contra los letrados, se haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad. No existe, por lo tanto, un término válido de comparación. Y no es posible extraer conclusiones de otros posibles supuestos alegados, pues no han sido examinados por este Tribunal, que no se ha pronunciado, y se desconocen sus elementos fácticos. Tampoco el acusado ha aportado otro supuesto en el que haya acudido a esta práctica, a pesar de que es notoria su intervención en la fase de instrucción de causas complejas a lo largo de un periodo extenso de tiempo.

Para terminar, el Tribunal Supremo, en esta misma página y la siguiente, rechaza que la actuación del juez sea un error accidental: No se trata, por lo tanto, de un acceso accidental al contenido de las comunicaciones mantenidas con el letrado de la defensa, producido en el marco de una intervención de carácter general, sino de una orden judicial, concreta y específica, directamente encaminada a intervenir esas precisas comunicaciones, que a falta de otros datos versarían sobre la forma en que sería ejercido el derecho de defensa. Así resulta no solo del tenor literal de la primera de las resoluciones, sino también de la actitud del acusado, que al verificar que se habían intervenido comunicaciones entre cada interno y su letrado defensor, incluso con letrados designados con posterioridad al acuerdo y desconocidos en la causa hasta entonces, lejos de revocar su decisión o de matizarla de alguna forma, acordó su prórroga manteniendo los mismos términos de la primera. Se argumenta que no se intervinieron las comunicaciones telefónicas de los letrados. Es cierto, pero lo que tal cosa demuestra es que no existía ningún indicio contra ellos. A pesar de lo cual, las comunicaciones de los internos con sus defensores, fueron intervenidas.

El New York Times debería darse cuenta que a partir de esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo, los jueces se lo pensarán mucho antes de espiar las conversaciones de los acusados con sus abogados defensores. Si algunos delincuentes quedan libres por la desastrosa instrucción del juez Baltasar Garzón, será un mal menor y, además, es posible que no sea la primera vez que esto ocurre en su juzgado. Otra cosa es que este medio americano no quiera enterarse de la verdad. Como dice un viejo refrán español: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Pepe de Brantuas. Febrero de 2012, en España.

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